La Asociación de Propietarios de Taxis de Puerto Madryn volvió a poner en discusión el funcionamiento del sistema de control sobre el transporte de pasajeros que opera mediante aplicaciones digitales sin habilitación municipal y apuntó directamente contra las decisiones adoptadas por el juez de Faltas, Sergio Segovia.
Según información difundida por la entidad y basada en datos proporcionados por el propio Tribunal de Faltas, desde 2018 se registraron 89 actas relacionadas con infracciones a las ordenanzas que regulan y prohíben este tipo de transporte en la ciudad.
De ese total, siempre de acuerdo con lo informado por los taxistas, pudieron individualizarse 40 actuaciones. En 26 casos, los expedientes habrían terminado mediante apercibimientos o desestimaciones, mientras que solamente tres derivaron en multas de 499 módulos B.
El cuestionamiento central del sector pasa por la diferencia entre esas sanciones y las penalidades contempladas en la normativa vigente. La Asociación sostuvo que la infracción correspondiente alcanza los 15.000 módulos B, cuyo valor actualizado representaría unos $27.450.000.
Un cálculo que supera los $958 millones
A partir de esos números, los propietarios de taxis estimaron que las sanciones que no fueron aplicadas conforme a los montos previstos en las ordenanzas habrían significado un perjuicio de al menos $958.287.435 para el patrimonio municipal.
La cifra fue calculada por la entidad tomando como referencia el valor vigente del módulo B y las actas que, según sostienen, fueron confeccionadas por la Dirección de Tránsito por la prestación irregular del servicio de transporte.
Los taxistas también plantearon una contradicción entre los operativos realizados en las calles y las resoluciones posteriores. Señalaron que inspectores municipales y efectivos policiales realizan controles, confeccionan infracciones y retienen vehículos, pero cuestionaron que posteriormente algunas resoluciones permitan que las unidades vuelvan rápidamente a circular sin afrontar las sanciones económicas previstas.
Cuestionamientos al Juzgado de Faltas
La Asociación también rechazó que la situación económica de quienes conducen vehículos para aplicaciones sea un argumento para apartarse de las multas establecidas por las ordenanzas.
Desde el sector consideran que la función del Tribunal debe ser aplicar las normas sancionadas por el Concejo Deliberante y cuestionaron que puedan reemplazarse las penalidades contempladas en la legislación por otros criterios.
Además, plantearon que permitir el funcionamiento irregular de las aplicaciones no necesariamente mejora las condiciones laborales de sus conductores. En ese sentido, sostuvieron que se trata de trabajadores vinculados a compañías multinacionales y que desarrollan la actividad sin las mismas obligaciones que debe afrontar el sistema tradicional de taxis.
Reclamo por una competencia en igualdad de condiciones
Otro de los puntos planteados por la Asociación está relacionado con las exigencias que recaen sobre taxis, propietarios y choferes habilitados.
El sector recordó que debe cumplir con controles técnicos y de seguridad, seguros específicos para el transporte de pasajeros, licencias, tributos y diferentes obligaciones administrativas para poder prestar el servicio.
Según los taxistas, los vehículos que trabajan mediante plataformas sin habilitación compiten en el mismo mercado sin afrontar esos requisitos.
También advirtieron sobre las condiciones de seguridad para los pasajeros, al señalar que los vehículos no habilitados no acreditaron ante el Municipio el cumplimiento de las exigencias de seguridad, higiene y cobertura de seguros establecidas para el transporte oneroso de personas.
Finalmente, la Asociación solicitó que las áreas municipales correspondientes analicen las situaciones denunciadas, determinen si existieron irregularidades y evalúen eventuales responsabilidades funcionales, además del posible impacto económico que las decisiones cuestionadas habrían provocado sobre el patrimonio municipal.
